Detención ilegal de una periodista comunitaria en La Pampa

El pasado viernes 22 de abril la policía pampeana estaba realizando una requisa en la vía pública a dos mujeres que transitaban por la calle con sus hijos. Ante este violento hecho Cintia Alcaraz, periodista de Radio Kermes de Santa Rosa, comenzó a registrar el operativo con su teléfono celular. Luego de varias amenazas por parte de la fuerza de seguridad fue detenida de manera ilegal junto a las dos mujeres y sus hijos.

Finalmente la periodista, las dos mujeres y los niños fueron liberados de la comisaría número 3 de Santa Rosa gracias al apoyo y la presencia de compañeros de otros medios. A Alcaraz le iniciaron una causa penal por “obstrucción del accionar policial”.

Cintia Alcaraz describe cómo fue la situación del operativo policial que presenció:

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Alcaraz también comenta cómo se desarrollaron los hechos al momento de su detención:

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Al momento de su llegada a la comisaría Alcaraz cuenta cómo los compañeros pidieron que la liberaran y cómo fue tratada allí por la policía:

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Alcaraz por último, se refiere a la gestión y política represiva del Ministerio de Seguridad:

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Declaración de la primera asamblea de AMARC Argentina 2016

Más de 20 colectivos de todo el país que integramos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) nos reunimos entre el 22 y 24 de abril en FM La Tosca (FM 95.1), Santa Rosa, La Pampa, en la primera Asamblea de 2016. En las jornadas, de intenso debate y participación, se atravesaron distintos ejes en una coyuntura de amenaza y avasallamiento de nuestros derechos.

El encuentro se vio atravesado por las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) impuestas por el actual gobierno nacional a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) número 13 y 267 y Decreto Presidencial 236, ratificados por el Congreso Nacional y que apuntan a favorecer la concentración de medios. Entre otras cosas, disolvieron el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual en el cual AMARC Argentina era una de las organizaciones representantes del sector sin fines de lucro. En este marco, la Defensoría del Público brindó un taller en materia de derecho a la comunicación.

El vaciamiento de las políticas públicas de comunicación incluye la suspensión de los Fondos de Fomento Concursable (FOMECA), lo que que atenta aún más al desarrollo de los medios comunitarios. Sólo en este concepto el Estado adeuda a las diversas radios integrantes de la red una suma mayor a 5 millones de pesos sin dar respuestas concretas en un contexto de devaluación e inflación.

En el plano local, y a modo de ejemplo de la situación de las emisoras comunitarias, se menciona el caso particular de Radio Cooperativa La Tosca que se encuentra desamparada por la falta de reconocimiento legal de parte de la autoridad competente y que a pesar de haber sido registrada en el primer censo desde la aprobación de la ley, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual adjudicó una licencia a una escuela en la misma frecuencia, enfrentando a dos actores reconocidos de la comunicación popular pampeana; y a pesar  de la buena voluntad y el trabajo conjunto de ambas instituciones, sus reiterados reclamos no han tenido respuesta.

Desde AMARC también vemos con mucha preocupación el avance y despliegue de las políticas represivas no sólo en la provincia de La Pampa sino a nivel nacional  y continental. Mientras se desarrollaba la Asamblea la policía pampeana detuvo en forma arbitraria en la vía pública a la periodista Cintia Alcaraz, colega de una radio local, que estaba registrando un abuso de autoridad sobre dos jóvenes madres y sus pequeños hijos. La red se hizo presente en la comisaría número 3 de Santa Rosa para solidarizarse con la colega y repudiar el accionar de la fuerza represiva al mando del Ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno.

Esto ocurre en el marco de políticas económicas antipopulares que aumentaron abruptamente el costo de vida para las mayorías y hasta el momento se han dejado el saldo de mas de 100.000 despidos entre el sector público y privado, como contracara de los grandes beneficios que se propiciaron desde el Estado hacia los sectores mas concentrados de la economía como los agroexportadores, las mineras y los fondos buitre. Nuestras radios redoblan el compromiso de informar desde la mirada y los intereses de nuestro pueblo, que no se resigna y sigue peleando por una vida mas digna y justa para todos/as.

Consideramos que el ejercicio de  la comunicación popular es un derecho fundamental para caminar y organizarnos hacia una sociedad más justa y solidaria.

Con este horizonte, Radio Comunitaria La Voz Indígena 95.5 de Tartagal será la anfitriona de la próxima asamblea de AMARC Argentina reforzando nuestra vocación de pluralismo y federalismo en las voces que nos integran.

AMARC en la Audiencia CIDH por la LSCA: Ni futuro, ni pasado, el problema es hoy

 

El viernes 8 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó al gobierno argentino a pedido de distintas organizaciones de la sociedad civil a raíz de decretos de necesidad y urgencia firmados por el gobierno argentino que modificaron el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 y la Ley Argentina Digital de 2014.

Como resultado de la audiencia se destaca que después de escuchar a las partes, el Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli recordó que “la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información” al mismo tiempo que le preguntó al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer frente al problema de la concentración”. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Gobierno abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. Además, el Relator Especial Edison Lanza destacó la preocupación por la modalidad en la que se hicieron las modificaciones, la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM) “que, como está hoy diseñado, no cumpliría con los estándares internacionales”, y la “desaparición de las reglas de deber de transmisión” para los sistemas de cable que pueden perjudicar los derechos de las audiencias.

La audiencia que se tituló  “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”,tuvo a la sociedad civil, representada por un organismo de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de medios comunitarios (FARCO y AMARC), universidades nacionales (RedCom), académicos (Martín Becerra), medios del sector PyME (ARBIA) y cooperativas de servicio público (Oscar Nocetti el titular de la Cooperativa Eléctrica de La Pampa), y a los representantes del Estado con el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel De Godoy a la cabeza; Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos de la Nación; Eduardo Bertoni, Director Nacional de Datos Personales; y Santiago Cantón, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y Silvana Giudici, Directora del ENACOM – que no habló en la audiencia.

Argentina: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Las organizaciones peticionantes argumentaron cómo las modificaciones provocadas por los decretos firmados por el presidente Mauricio Macri a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual alteran su espíritu, liberando los límites a la concentración que la Ley establecía. Mientras los peticionantes hicieron un detalle pormenorizado de cómo las modificaciones incumplen distintos estándares internacionales y recomendaciones del mismo sistema interamericano, los representantes del gobierno, más allá de que en la nómina de sus representantes se puede leer la importancia que el gobierno le dio a esta instancia, hicieron constantes alusiones al desempeño de los gobiernos kirchneristas y a las promesas de una futura ley que repararía todos los males, pero en ningún momento se refirieron al tema específico de la audiencia ni respondieron a los cuestionamientos realizados.

El investigador y director de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, Martín Becerra, hizo referencia al problema de la concentración en el sistema de medios el que “reclama históricamente respuestas normativas y políticas que buscan atenuar los efectos de la concentración”, pero que más allá de que “Argentina exhibe altos niveles de concentración en las actividades de comunicación, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda al problema, obstaculizan la competencia y por lo tanto potencian la concentración”, haciendo hincapié  en el traspaso de la consideración del cable como servicio de telecomunicaciones y la prórroga automática de todas las licencias abiertas por cinco años con opción a una renovación casi automática por otros diez años.

Finalmente, Becerra recordó que “la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en 2013 con el aval de 6 de sus 7 miembros entendió que es obligación inexcusable del Estado generar políticas de estímulo al pluralismo y en consecuencia de restricción de la concentración -dado que- la concentración excesiva de la palabra es la antítesis misma de la democracia”.

Luego, Damián Loreti, integrante del CELS y Vicepresidente de AMARC, destacó la violación por parte de los decretos de tres estándares reconocidos por la Relatoría de Libertad de Expresión al quitar la autarquía legal a las autoridades de aplicación de las normas que rigen la Comunicación Audiovisual y las telecomunicaciones y anular la obligación de transmitir o must carry. El tercero atiende al Principio de Legalidad, ya que un decreto de necesidad y urgencia no debería modificar una ley votada por mayoría en el parlamento.

En referencia al primero de los estándares, Loreti destacó que en la autoridad de aplicación creada por los decretos 236 y 267 de Macri, todos los integrantes del directorio del ente regulador son “removibles sin expresión de causa por decreto del poder ejecutivo, incluidos los de la oposición política que eventualmente fueran designados”.

Finalmente los peticionantes presentaron casos puntuales de organizaciones directamente afectadas por las modificaciones. Así fue el turno de Daniel Badenes representante de las carreras de comunicación, Néstor Busso representando a los medios comunitarios, Osvaldo Francés, las Pymes y Oscar Nocetti por las cooperativas.

Las exposiciones de los representantes del Estado argentino evaluaron la gestión del gobierno anterior y plantearon un futuro escenario de diálogo pero no respondieron sobre la afectación de derechos planteada previamente cuya consecuencia es la modificación irremediable del sistema de medios argentino.

Para muestra, la exposición de Eduardo Bertoni destacó que la adecuación de la norma devino de que “una evaluación seria de la LSCA deja la conclusión de que su aplicación e implementación fue deficiente, selectiva, parcial y partizana”, lectura que nada dice de la norma en sí y mucho menos argumenta la necesidad de modificarla.

Bertoni, cuya exposición fue lo mejor que presentó el gobierno en su defensa, justificó los cambios en la promesa establecida en la resolución 9 del Ministerio de Comunicaciones, que al momento de escribir este artículo permanece sin ser publicada, de una nueva ley que cumpla con todos los estándares de pluralidad, diversidad y democratización. Además calificó de “prematuro y especulativo deliberar sobre el posible problema que podría derivar de una legislación que hoy se encuentra en plena elaboración”.

Más allá de una incompleta aplicación de la LSCA que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner haya realizado ello no justifica la modificación de la ley, más bien todo lo contrario, representaba una oportunidad única para avanzar en su plena aplicación. Sobre todo, si el único argumento en su contra es su mala aplicación.

Más aún si los artículos modificados son aquellos que fueron judicializados (artículos 41, 45 y 48 de la Ley 26.522) por uno de los agentes corporativos de información más importantes del país (Grupo Clarín) y fueron refrendados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículos que versaban sobre la intransferibilidad de las licencias; límites máximos de licencias por licenciatario y que establecían medidas en contra de la concentración horizontal y vertical.

Tampoco justifica los cambios la promesa futura de una ley que respete todos los estándares internacionales (los mismos que respetaba la ley tal como se aprobó en 2009). El problema no es la ley futura (por lo menos no por ahora), sino que mientras esa ley (que hoy no es ni siquiera un proyecto), recorre el camino hasta aprobarse, si es que un día se aprueba, y bajo la posibilidad que abrieron las modificaciones que se hicieron a la ley se toman medidas que modifican el sistema de medios favoreciendo a los sectores concentrados.

 

Fotos: Daniel Cima