Nace el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo

Se trata de un nuevo espacio coordinado por el colectivo de lavaca, Tiempo Argentino y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM),  que busca clasificar la información que involucra a funcionarios, políticos, empresarios, y analizar lo que publicaron o no publicaron los medios nacionales, a partir de la difusión de la lista completa de los Panamá Papers.

Daniel Badenes, presidente de REDCOM, explicó en diálogos con Radio La Tosca el por qué de la creación del nuevo proyecto periodístico autogestivo.

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Peligroso fallo contra la libertad de expresión

9 de Mayo de 2016

Las Radios y socias y socios individuales que integramos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Argentina, expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo que condenó a la REVISTA BARCELONA al pago de 40 mil pesos por “daño moral” a Cecilia Pando por la publicación de un fotomontaje donde se satirizó un acto en el que la dirigente defensora de represores se encadenó en Tribunales.

El fallo de la jueza de primera instancia, Susana Amelia Nóvile, resulta un grave ataque a la Libertad de Expresión y de Pensamiento tutelado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que posee rango constitucional) y al Derecho de publicar ideas por la prensa sin censura previa (Artículo 14 de la Constitución Nacional). Además, por tratarse de una condena por un monto menor de 50 mil pesos, el fallo sería inapelable ante la instancia superior aunque podría ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya que afecta Derechos Humanos.

Entendemos que este fallo sienta un grave antecedente para los medios de comunicación y contra la libertad de expresión. En los fundamentos de su fallo, la jueza remarca que “a pesar de tratarse de una revista de carácter satírico la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante.” La magistrada consideró que Pando no es una “persona pública” y dio por probados los testimonios de las testigos aportadas (otras esposas de militares) que contaron que la contratapa afectó su honor para fijar la condena de 40 mil pesos más costas.

Además quien realiza la denuncia por “daño moral” es alguien que avala hasta el día de hoy y defiende públicamente la última Dictadura Cívico-Militar, que no tuvo ni moral ni ética para asesinar, torturar y desaparecer a 30.000 compañeros/as en nuestro país. No es casualidad que en el actual marco de retroceso de derechos humanos muy sentidos para nuestra sociedad, la persona que denuncia es de las principales difusoras de la impunidad para los genocidas.

Desde AMARC Argentina consideramos que este fallo sienta una peligrosa jurisprudencia para los medios de comunicación y la Libertad de Expresión, y creemos que el repudio de las organizaciones de medios de comunicación y de periodistas debería ser amplio y urgente porque en caso de ser avalados, empezaremos a perder el derecho a la libertad de expresión, derecho humano fundamental para toda sociedad democrática.

 

Cecilia Pando le ganó un juicio a la Revista Barcelona

Los comunicadores deberán pagarle 40 mil pesos a la defensora de represores, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina. La jueza Susana Nóvile entendió que en la contratapa publicada en 2010 (ver imagen) produjo un “daño moral” a Pando.”Lo más preocupante del fallo no es la plata (que no tenemos) sino el precedente -escribió en redes sociales Ingrid Beck, editora de Barcelona-. Lo que hacemos sátira vamos a terminar editando en la clandestinidad”. El magíster en Comunicación Santiago Marino repasa el caso en su contexto y sostiene que el fallo atenta contra la libertad de expresión.

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Seis meses sin Diana Sacayán

El 8 de mayo desde las 16hs se realizará el Festival Amancay en la Asociación Boliviana de Laferrere. Graves y agudas, programa feminista de Radio Sur, charló con Paula Lorenzo sobre la importancia de participar en el festival.

Pedir justicia por el asesinato Diana Sacayán es uno de los motivos por los que familiares y amigos decidieron armar el evento. A seis meses de su travesticidio, continúan luchando para ponerle fin a los crímenes de odio. Desde la línea de géneros de AMARC nos sumamos al pedido de Justica.

 

“Con Diana aprendimos las muchas luchas que caben en un cuerpo-territorio insurrecto. Porque Diana se identificaba como travesti, como pueblo originario, como piba pobre de Laferrere, como feminista, como revolucionaria. Diana era divertida, rebelde, comprometida.

Ponía su cuerpo en las muchas batallas de las tantas identidades de oprimidas que vivía como propias. Daba su vida todos los días en una desigual pelea contra los machos fachos del barrio, contra la institución policial, que una y otra vez la encarcelaba, la torturaba, contra las leyes y las instituciones que criminalizan a lxs pobrxs y a lxs cuerpos disidentes, contra proxenetas y el sistema prostituyente.

Festival Amancay
Festival Amancay, Diana Sacayán

Estamos dando inicio a la CAMPAÑA JUSTICIA X DIANA para exigir justicia por el asesinato de una compañera travesti, referente en la comunidad por su incansable lucha anti-represiva y por la identidad.

Su asesinato es un travesticidio. Es un crimen de odio y como tal debe ser entendido por el sistema judicial y político que pondrá a intervenir fiscales, jueces y profesionales en la investigación y esclarecimiento del caso.”

Fragmento del Comunicado de la Comisión Justicia por Diana – familiares y compañerxs

Nueva ley de Medios: los medios comunitarios se aprontan para la batalla

Por Tomás Astelarra

Luego del apoyo del Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero del duro revés en el Congreso Nacional, los medios comunitarios se preparan para dar la pelea en las calles sin desatender el frente legislativo.

Dentro de la agenda de drásticos cambios en los que la Argentina se ve inserta desde la asunción de Mauricio Macri, la política de medios está entre las más visibles e intrincadas. Ya sea por el lugar emblemático que ocupó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la lista de logros del kirchnerismo, por el supuesto papel de Clarín en las elecciones y la formación de opinión y los rápidos decretos que, entre otras cosas, dejaron en la calle a Martín Sabatella, cerraron el AFSCA, nombraron un abogado del multimedios en la Corte Suprema y dejaron sin efecto su supuesta obligación de deshacerse de varios canales de cable en enero. En las últimas semanas, la victoria que las organizaciones que apoyan la comunicación popular y comunitaria lograron al llevar sus planteos en defensa de la “Ley de Medios” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pareció verse nublada por la ratificación en el Congreso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 13 y 267 y el Decreto Presidencial 236, que modificaron la ley. Si bien hay varios recursos de amparo en la Justicia, la aprobación por parte de los legisladores de los decretos hace casi una utopía la vía judicial, por lo que muchas organizaciones ya comienzan a resignarse a la lucha por los derechos de los medios comunitarios en las calles y los intrincados pasillos legislativos, tratando de incidir en la nueva ley que podría llegar en los próximos meses.

“El escenario que se plantea es un desafío para, en principio, no retroceder en los derechos que el sector de medios comunitarios habíamos logrado con la ley 26.522 y que garantizaba un 33% para nuestro sector, entre otras cosas, como los Fomecas y nuestra participación en el Consejo Federal, que era un órgano consultivo en el que toda la sociedad civil venía siendo representada. Lograr mayor marco de unidad en el sector para poder plantear en conjunto, con mayor fuerza, nuestras posturas y demandas, para no retroceder en los derechos que habíamos adquirido y plantear otras cuestiones como democratizar la pauta oficial”, opina Lionel Martín, integrante de Radio Sur, que transmite desde el barrio de viviendas populares del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) en Barracas. Además de dejar sin efecto las implicancias de la Ley de Medios sobre la televisión por cable y disolver el AFSCA, los decretos firmados por Macri en diciembre también enterraron al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) en el cual los medios comunitarios estaban representados y que también administraba los Fondos de Fomento Concursable (FOMECA). En la reunión de la Asociación Mundial de Artesanos de Radios Comunitarias (AMARC) realizada el fin de semana pasado en Santa Rosa, La Pampa, los miembros de la red contabilizaron $5 millones de pesos que les adeuda el Estado en este concepto.

Muchas de las radios ya hicieron las inversiones y quedaron endeudas, o ven como los presupuestos elaborados el año pasado se disuelven en la inflación o devaluación reinante. Como si fuera poco las radios también deben cargar con la cuentas pendientes de la Ley de Medios, como la ilegalidad o la priorización de proyectos más afines al kircherismo a la hora de otorgar fondos y licencias. Por dar un ejemplo, la radio La Tosca (FM 95.1), anfitriona de la asamblea de Amarc en Santa Rosa, aún no cuenta con licencia a pesar de haber sido censada por el AFSCA, y como si fuera poco, el organismo le otorgó su frecuencia a otra emisora naciente en una escuela de la ciudad. Para llenar el horno de bollos en la difícil coyuntura de los medios comunitarios, la pizzas y cervezas con las que los miembros de Amarc festejaban su primer día de asamblea fueron interrumpidos por la noticia de que la periodista Cintia Alcaraz de Radio Kermes de Santa Rosa había sido detenida por la policía tras intentar cubrir los abusos de los efectivos contra una par de jóvenes madres y sus hijos. Los efectivos de la Comisaría 3 no podían salir de su asombro cuando vieron llegar a ese batallón de jóvenes periodistas independientes al rescate de su compañera. A pesar del pequeño triunfo de la gesta (la periodista y las madres con sus hijos fueron finalmente liberadas), la situación demostró, como dice el comunicado de Amarc “el avance y despliegue de las políticas represivas, no sólo en la provincia de La Pampa sino a nivel nacional y continental”. Y agrega: “Esto ocurre en el marco de políticas económicas antipopulares que aumentaron abruptamente el costo de vida para las mayorías y hasta el momento han dejado el saldo de más de 100.000 despidos entre el sector público y privado, como contracara de los grandes beneficios que se propiciaron desde el Estado hacia los sectores más concentrados de la economía como los agroexportadores, las mineras y los fondos buitre. Nuestras radios redoblan el compromiso de informar desde la mirada y los intereses de nuestro pueblo, que no se resigna y sigue peleando por una vida más digna y justa para todos/as. Consideramos que el ejercicio de  la comunicación popular es un derecho fundamental para caminar y organizarnos hacia una sociedad más justa y solidaria”.

Para llevar adelante todos estos desafíos es que desde el sector de medios comunitarios se fomenta un espacio de “Interredes”, del que participan, además de AMARC, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), la Red Colmena (de medios de comunicación cooperativos), RED COM (de carreras de comunicación y televisiones comunitaria como Barricada TV o Antena Negra) y la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (Arecia). Además se reflotó la Coalición por una Comunicación Democrática que en su momento fue una de las grandes impulsoras de la Ley de Medios.

“Lo que la CIDH específicamente pidió que no haya un retroceso a los estándares internacionales de comunicación que se habían ganado en amplios sentidos. También hubo una preocupación en términos de volver a facilitar la concentración comunicacional, generando menos posibilidades para, no solamente generar nuevas voces, sino también que se consoliden las que ya existen. Quedaría  una ley del más fuerte, por lo que se pone en riesgo lo que se llama la competitividad. Que la CIDH haya escuchado nuestras peticiones es un avance. Quizás nos estamos conformando con poco. El escenario ha cambiado y volvemos a nuestra instancia, que ha sido siempre la resistencia, generar acciones. E incluso ir por más. Los nuevos 21 puntos de la Coalición vuelven a la discusión de lo que es la regulación de las telecomunicaciones que habían quedado afuera de la Ley de Medios. Buscamos ahora compatibilizar dos espacios muy complejos, pero con una dinámica que mueve muchísimo dinero. Es el sector de mayor acumulación. Da toda la sensación de que estamos en un espacio que necesitamos consolidarnos como fuerza. Lo que cambió es un escenario político con un poder político concentrado también en el Congreso Nacional, que nos pone de patas lo que hemos construido. Por eso hablamos de retroceso, pero la estrategia es dar un paso adelante, volviendo a dar la pelea en los sectores populares, no solo planteando nuestras necesidades como sector, sino lo que consideramos un derecho inalienable para toda la sociedad. Tener mucha paciencia, madurar mejores estrategias, volver a discutir con las bases, en los territorios y organizaciones, con otros actores. Esto no se va resolver de la noche a la mañana. Pero si dentro de un marco legal que nos pone en una situación de vulnerabilidad. Por eso estas presentaciones en la CIDH, para garantizar estos derechos que ya habíamos ganado”, explica Liliana Belforte de FM En Tránsito de Moreno.

(Fuente http://www.marcha.org.ar/)

¿Por qué Diana Sacayán no está en la agenda emocional Argentina?

El domingo se hará un festival para pedir justicia por el travesticidio de la activista Diana Sacayán, asesinada hace seis meses. La activista Susy Shock marchó el 24 de febrero en la convocatoria de ATE con un cartel que decía “Querido Camarada, si Kosteki, Santillán y Mariano Ferreyra son mis muertos, ¿por qué Diana Sacayán no es la tuya?”. Sobre esta pregunta, la reflexión de la integrante de la artista y Colectiva Lohana Berkins.

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“Antes tenía más paciencia para hablar sobre esto, pero siempre enterramos a las nuestras”, dice Susy, que también reflexiona sobre #NiUnaMenos.

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El festival será desde las 16 horas en la Asociación boliviana de Laferrere, Zarate 6066, a 5 cuadras de la estación.

Conversatorios AMARC

“Aborto: conversar, no conservar” fue el título con el que FM De la Calle convocó a distintas referentes a debatir y compartir posiciones sobre la práctica del aborto. La iniciativa se da en el marco de los conversatorios organizados por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina y de la construcción de una campaña sonora por la despenalización y legalización del aborto en nuestro país.

El sábado mujeres de los campos de la educación, de la salud, de los medios de comunicación, de organizaciones populares, políticas, feministas y sindicales participaron de un encuentro para conocer qué discursos nos rodean sobre el aborto, entendiendo a los discursos como constructores de prácticas sociales.

Conversar en Bahía Blanca, una ciudad muchas veces tildada de conservadora, resulta una herramienta necesaria para quitar el prejuicio a determinados temas; el aborto es uno de ellos. Entonces nos preguntamos ¿por qué no conversar sobre ello? Hacer de la voz un hecho político para construir nuevos sentidos.

Todas las invitadas hicieron hincapié en la necesidad de continuar dando el debate sobre un tema que debería ser de discusión no sólo entre quienes trabajan para ampliar los derechos de las mujeres, sino también para quienes tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos, generando políticas sociales que hagan de la cuestión del aborto un tema de discusión de Estado.

Las invitadas fueron Selva Lamtzev, Valentina Riganti, Luciana Foulkes, Virginia Calzada Frache, Lucía Alende, Irene Abreu, Emilia Alende, Alejandro Arrarás y Viviana Schmitd.

Las conversaciones fueron incentivadas con fragmentos de opiniones que nos encontramos en la calle, en las escuelas, en el trabajo, en la justicia. Compartimos algunos disparadores con parte de las intervenciones que se dieron lugar.

El año pasado las radios que integran AMARC Argentina organizaron conversatorios en distintos formatos con la temática del aborto, los mismos se llevaron a cabo en las provincias de Córdoba, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe.