AMARC Argentina se solidariza con trabajadores de medios

Viernes 15 de enero de 2016

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) nos solidarizamos con los periodistas que ven cortadas o amenazadas sus fuentes de trabajo debido a las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno nacional. Al resonante caso del despido del periodista Víctor Hugo Morales y su equipo por parte de Radio Continental y la sorpresiva salida del aire del programa «La Mañana», se le suman los reclamos de vaciamiento de los trabajadores de los distintos medios del Grupo 23 y el levantamiento completo de la programación de la FM Nacional Rock que depende directamente del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a cargo de Hernán Lombardi.
Los casos de Víctor Hugo Morales y el Grupo 23 están relacionados con el manejo discrecional de la pauta oficial que los distintos gobiernos han llevado adelante haciendo caso omiso a la necesidad de regular y transparentar el otorgamiento de dichas remesas para la difusión de políticas públicas.
En reiteradas oportunidades y ante diferentes gobiernos hemos elevado el reclamo ante la necesidad de una Ley de Pauta Oficial que termine con la discrecionalidad en el reparto de dichos fondos que atenta directamente contra la independencia de los medios de comunicación.
El punto 3 de los ya famosos 21 puntos acordados por la Coalición por una Comunicación Democrática que sirvió de base para la redacción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual decía lo siguiente: «Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.» Sin embargo, todos los proyectos propuestos para regular la pauta oficial han sido «cajoneados».
Esta necesidad se vuelve más imperante en el contexto actual en el que una sola fuerza política concentra las tres pautas oficiales más grandes del país: la del Gobierno Nacional, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y en el poco tiempo de gobierno ya se empieza a notar una preocupante falta de voces disidentes en los medios comerciales de comunicación.
Desde nuestras más de 30 radios que transmiten a lo largo y ancho del país, espacios autogestionados construidos con años de lucha y trabajo, defendemos la comunicación y el acceso información como derechos humanos fundamentales.
Por esa razón, ponemos los micrófonos y el aire de nuestras emisoras a disposición de Víctor Hugo y las/os periodistas que han sido excluídos del aire o peligran sus fuentes de trabajo en FM Nacional Rock y el Grupo 23 respectivamente para que pueda seguir haciendo uso de su derecho a expresarse.

AMARC Argentina repudia la intervención por decreto de la AFSCA

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) expresamos nuestro enérgico rechazo a la intervención que dispuso el gobierno de Mauricio Macri de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) mediante el Decreto 236/2015, que se suma a los decretos anteriores que también avasallan artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En primer lugar es ilegítimo e ilegal que un decreto modifique en los hechos el contenido de una ley que fue discutida con la participación de una enorme diversidad de actores sociales, aprobada por una amplia en el Congreso Nacional y ratificada su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aunque el Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad afirme que “por ahora, la ley de medios no se toca”, este decreto atenta contra uno de los principios esenciales de la ley que es la de un organismo de aplicación autárquico, descentralizado, colegiado y con mandato descalzado de las autoridades nacionales.
La fuerza política que preside hoy el país, se opuso a esta Ley 26.522 desde su sanción porque no están de acuerdo con el  paradigma de la libertad de expresión como derecho social que el estado debe garantizar y pretenden reemplazarlo con el paradigma que garantice los negocios de las grandes empresas con la expansión y convergencia tecnológica. La libertad de empresa y el mercado como regulador en lugar del Estado en rol de garante de derechos.
Creemos que no está en discusión la gestión de las actuales autoridades o en subsanar lo que no se ha cumplido de la ley, sino que, en línea con las declaraciones ya expresadas por funcionarios del nuevo gobierno, quieren otra ley y mientras no tengan la mayoría parlamentaria suficiente, intentarán desguazarla por decreto.
Seguiremos luchando por nuestro derecho al 33% del espectro radioeléctrico y la democratización del sistema de medios. Por eso consideramos fundamental defender la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como la norma más democrática que ha tenido nuestro país en la materia a lo largo de su historia.
No al desguace por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
No a la intervención de la AFSCA y la AFTIC